Cassez y Solvencia II


Por mucho, el tema reciente más controversial, se trata de la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez. Se plantea la cuestión de si estamos o no de acuerdo con su liberación.

Hay quienes, sobre todo, valoran el respeto a los derechos humanos; se apoyan en que fue tal el desaseo en el proceso judicial que resulta imposible determinar si Cassez es culpable o no; no aceptan la posibilidad de castigar a una inocente y se sienten muy cómodos celebrando su liberación. En apoyo a esta posición está el muchas veces pregonado y varias, dudosamente respetado principio de nuestro sistema judicial: “todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Si como ejercicio de empatía, nos suponemos en la condición de ser acusados y condenados injustamente, la defensa de esta posición adquiere en relieve sentimental intenso.

Por contraparte, hay quienes tienen la justicia como un valor supremo. Dan por suficiente la conclusión a la que llegaron las diferentes instancias previas para considerar culpable a Cassez y la eventualidad de encarcelarla sin serlo, se considera inexistente más bien, mantenerla en prisión es ya, de suyo, un acto de justicia. A partir de esto, esperan que el poder judicial y la Suprema Corte de Justicia honren su nombre y se oponen a la liberación. Quien ha sufrido algún desagravio en sí mismo o en alguna persona cercana, particularmente debido a un secuestro, entiende la rabia y frustración que genera siquiera la posibilidad de que el delincuente pueda salir campante y cínico aprovechando las debilidades de nuestro sistema de justicia. En estos días en que la criminalidad abunda también abundan las víctimas con sed de justicia a quienes no se les puede escatimar razón suficiente para ello.

Con la justificación que la Suprema Corte de Justicia dio para la liberación de Cassez, no obstante que tenía la alternativa de reponer el juicio, puso la legalidad por encima de la justicia y ha dejado a las víctimas con las manos vacías, puesto que no tienen ningún culpable del desagravio que dio origen al proceso y solo se tiene un juicio desaseado que por ello fue anulado, tampoco se tienen elementos sólidos para, al menos enjuiciar a los responsables del desaseo, ni garantías de que este eventual juicio sea tan limpio que garantice que los culpables no serán beneficiados con el mismo precedente de Cassez. La Suprema Corte de Justicia argumenta que no dictaminó sobre la culpabilidad o inocencia de Cassez sino que solo lo hizo sobre la legalidad del proceso, es decir, no le importó la justicia solo la legalidad, no le importó el principio solo la regla. Dado que la institución judicial de más alto rango no busca impartir justicia, en realidad estamos a merced de quienes hacen las leyes que, por lo que hemos visto, anteponen a la justicia, intereses sectarios, partidistas y económicos.

Por otro lado, pareciera que quienes hacen las normas consideran que su misión es hacer más normas y más detalladas, aunque no sean justas ni viables de aplicar. Esto solo abona a que nadie, ni el legislador que elaboró la norma, sea capaz de aplicarla, mucho menos los responsables de ello, si no reciben ni los recursos ni la capacitación suficiente. La consecuencia natural es un altísimo riesgo de violaciones e incumplimientos de los requisitos y procedimientos. Es bien sabido que en muchos casos, las normas son hechas intencionalmente complejas y ambiguas para sacar futuro y particular provecho de ello o porque, como escuche por accidente de un abogado, “la ambigüedad permite litigar y con ello se tiene la posibilidad de ganar una controversia”.

Está claro que priva en el entorno, una cultura de reglas y procedimientos a las que el sistema de justicia considera más importantes que la justicia misma. Esto configura uno de los retos más críticos para el éxito en la implementación de Solvencia II en México: un principio fundamental de Solvencia II, es que se basa en principios y no en reglas; la compañía de seguros debe autogestionar los principios y la autoridad supervisar que dicha gestión sea eficiente y apegada a tales principios. En la medida que abunden en la normatividad las reglas que prescriban requisitos y procedimientos, el régimen de solvencia se alejará de la autogestión y los principios perderán relevancia. Las reglas son la materialización de los principios y, si al concluir que cuando se viola una regla se está violando el principio, carece de sentido preocuparse por el principio, es decir, ocuparse de él puede resultar en un ejercicio filosófico ocioso. En este caso, es mucho más práctico y menos desgastante administrar la aplicación de las reglas aunque el principio ni siquiera haya sido definido. No dudo que en la inclinación de la autoridad de seguros a establecer normas y requerimientos extensos y muy precisos, está la preocupación de que sí no establece explícitamente la prohibición de algo, puede resultar imposible determinar, tan sólo con base en los principios, que la conducta de la compañía de seguros se hizo acreedora a una sanción y a qué tipo de sanción se hizo acreedora. Cuando se establece una regla que prohíbe algo, es preciso establecer todas las reglas que prohíban todo lo que debe ser prohibido, porque de otra manera se da pie a interpretar que sí no está en la lista de prohibiciones debe considerarse permitido propiciando así que se caiga en la tentación de hacer algo indebido tan solo porque no está incluido en la lista de prohibiciones.

Por otro lado, que el nuevo régimen mexicano de solvencia contemple los principios de Solvencia II cuando la cantidad de reglas, requerimientos, procedimientos y prohibiciones se incremente, no sería más que ponerle una etiqueta mercadológica sin sustento. Si en el mejor de los casos todos coincidiéramos en que, el nuevo régimen sí se basa en principios y no en reglas, el tema será secundario ante la cruda realidad de que cualquier controversia legal debe dirimirse ante instituciones que priorizan el cumplimiento de las reglas del proceso por encima del principio de justica, además de que, inevitablemente habría que sortear los vicios que aquejan nuestro sistema judicial, solo basta recordar dos casos muy conocidos el de Fertinal e ING Seguros y, el del documental “presunto culpable”.

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